Indicios esperanzadores en discapacidad

26.09.2015 | 04:15

José Manuel Vidagany Todos estamos de acuerdo en que las distintas administraciones públicas deben respetar el llamado equilibrio presupuestario, evitando gastar más de lo que se ingresa, pero también no despilfarrando ni metiendo mano en la caja común. En esa misma línea, cuando se pretende aplicar una medida que conlleve recortes en áreas sensibles, como son las personas con diversidad funcional, menores o tercera edad, sería recomendable observar criterios mínimos de eficacia y ponderación. Se trata de una exigencia que ya he defendido con anterioridad en Levante EMV, y que lógicamente no es una cuestión de puro voluntarismo personal, sino que viene impuesta por la jurisprudencia de los tribunales españoles, y en este punto, creo que es donde se equivocó el anterior gobierno valenciano en relación con la supresión de la gratuidad en los medicamentos para personas con discapacidad.

La imagen de un presidente de la Generalitat Valenciana teniendo que abandonar su cargo por los procesos judiciales que acuciaban a su ejecutivo, e incluso sentándose en el banquillo de los acusados, creo que supuso el punto y final de esa época política. A partir de ahí, el gobierno central comenzó a perder el respeto por lo valenciano, y en el ámbito autonómico, se emprendió una carrera frenética por meter la tijera en cualquier partida y de forma descontrola.

La supresión de la gratuidad en los medicamentos, igual que la imposición del copago social en discapacidad y dependencia, fueron actuaciones totalmente erróneas e injustificables, ya que el supuesto beneficio para las arcas públicas era mínimo y se estaba ocasionando un considerable perjuicio a un colectivo especialmente azotado por la crisis.

Cuando el 27 de diciembre de 2012 el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, donde torticeramente se introdujo esta medida, fueron muchas las entidades y organizaciones del sector de la discapacidad que se levantaron contra la misma. Algunas, como la Asociación de Pacientes Pediátricos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (APPEII), tuvieron la determinación de plantear esta irregularidad ante el propio Sindic de Greuges, donde consiguieron el reconocimiento moral y amparo a sus legítimas reivindicaciones.

En ese momento, el defensor del pueblo valenciano denunció lo inadecuada de la medida y solicitaba al Consell que repusiera este derecho, recomendación que finalmente fue desoída por el gobierno.
Pasado ese tiempo, reconfortan las palabras de la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, cuando anunciaba en las Corts Valencianes la supresión del copago farmacéutico para discapacitados, así como también pensionistas con rentas bajas. Los que ayudamos desinteresadamente a las asociaciones en esta batalla, confiamos en que estas promesas se concretes, junto con muchas otras iniciativas que necesitan las personas con diversidad funcional, sus familias y los centros de atención.

http://www.levante-emv.com/opinion/2015/09/26/indicios-esperanzadores-discapacidad/1319103.html

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Acerca de Joaquín Ponce

Enfermo de Crohn desde el año 1988
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